“Estamos en las manos de Dios para que nos proteja de ese monstruo llamado Hidroituango”
Marciliano Barragán.
Transcurría la mañana de sábado con aires de celebración. Los comerciantes adornaban sus negocios con la temática del Día de la Madre, preparándose para la festividad del día siguiente. Al corregimiento de Puerto Valdivia llegaban los campesinos de las verederas aledañas en sus caballos, y en general, había gran movimiento en el pueblo.
Marciliano Barragán, un pescador, estaba contento por las numerosas ventas que resultaban. Pensaba en el domingo, y en poder compartir con su familia la fecha especial que se acercaba.
La tranquilidad permaneció hasta la 1:30 de la tarde. A esa hora, los habitantes comenzaron a notar que el río Cauca presentaba unos niveles de agua superiores a los acostumbrados. La población hizo hipótesis: algunos creían que se trataba de una crecida del río cualquiera, como a veces sucede por las lluvias. A otros no les parecía normal la situación, y empezaron a alertarse. Entre comentarios que iban y venían, se dieron las tres y media de la tarde, cuando se enteraron que lo que sucedía era más grande de lo que imaginaban.
El río corría a una velocidad desenfrenada, mientras las aguas duplicaban su tamaño en minutos. De pronto, unas patrullas de la policía y el ejército recorrieron el territorio con las sirenas encendidas, solicitando a los residentes evacuar de inmediato. Un taponamiento en un túnel de Hidroituango había provocado el desborde del río.
Era inevitable, debían salir del lugar antes de quedar atrapados bajo la creciente. No tenían tiempo ni de regresar a casa por sus cosas.
Así fue como el caos comenzó: la gente corría angustiada de un lado a otro, los adultos mayores y las personas discapacitadas fueron socorridas por sus vecinos, los caballos eran controlados por sus dueños y los comerciantes abandonaban sus negocios, tan apresurados que algunos salieron sin cerrar sus puertas.
De este modo, aferrados a la esperanza de salvaguardar sus vidas, tuvieron que marcharse. Dejaron atrás sus pertenencias: los enseres, las viviendas, los animales, los negocios y el recuerdo de un pueblo que fue su hogar durante años.
Un rastro que perdura en el tiempo
Han pasado cuatros años desde aquel 12 de mayo de 2018, y Puerto Valdivia aún no sana sus estragos. En el pueblo quedan las huellas del desastre que destruyó casas, negocios, cultivos y patrimonios como el puente peatonal Simón Bolívar, que conectaba al sector Tapia con el sector Remolino.
Los habitantes pasaron de caminar 100 metros a recorrer 5 km para cruzar al otro lado. La escuela, la arrocera, el parque, el cementerio, el puesto de salud y la iglesia, accesos por los que se llegaba a través del puente, resultaron con afectaciones en sus estructuras. La escuela, el parque y el puesto de salud quedaron completamente devastados.
Para brindar los servicios médicos adecuaron un hotel, y los niños que iban a la escuela deben mezclarse en una institución educativa con los estudiantes de secundaria. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde la contingencia, los avances en las reconstrucciones son pocos, lentos e inacabados. Una evidencia, es que del puente solo se han hecho sus dos extremos.
Hay familias para que las que el río no tuvo clemencia, y les arrebató todo lo que poseían. Con las viviendas también se fueron sus corrales y cultivos, que de paso era la fuente de sustento de una población en su mayoría campesina. Isabel Sinitavé es una adulta mayor de 76 años. Antes de que el río destrozara su casa, tenía un criadero de cerdos, vendía leña, leche, suero y embutidos. Con su negocio, más el arriendo que recibía por una propiedad, alcanzaba a tener más de un millón de pesos en ingresos mensuales. “Estaba hecha”, evoca con nostalgia.
En este momento, vive en la casa que tenía arrendada y su única entrada económica es un subsidio de 80.000 pesos que recibe del gobierno. El total de sus pérdidas fue aproximadamente de 30 millones y hasta noviembre de 2022 no ha recibido lo correspondiente por parte de EPM (Empresas Públicas de Medellín), propietarios de Hidroituango, por los daños a sus bienes.
Al igual que Isabel, son más los ancianos en ruina, especialmente los que habitan el sector Remolino, una zona donde muchas casas quedaron reducidas a los escombros. Algunos obtuvieron dinero para organizar las viviendas deterioradas, pero fue tan escaso que apenas pudieron hacer arreglos como la reconstrucción de los techos. Aunque pasen los años, los meses, los días, ellos siguen esperando.
Esperan que se cumplan las promesas que una vez les hizo EPM de comprarles sus predios o reubicarlos en una zona segura. Esa ilusión los hace creer que cuando los entes externos visitan el corregimiento, como la prensa, es porque les entregarán las reparaciones pertinentes.
Bolsillos vacíos
En las ventas del comercio se refleja la soledad del pueblo. John Blandón, dueño de una farmacia, recuerda que durante la contingencia del 2018 hubo robos y saqueos a los locales y casas cuando los habitantes se resguardaban en los albergues, posiblemente, a manos de foráneos. Mientras tanto, los propietarios debían seguir normalmente con el pago de arriendos y los servicios públicos.
Con la emergencia, cientos de residentes se desplazaron hacia otras ciudades o municipios, buscando huir del peligro inminente que representa para ellos Hidroituango. Hay quienes salieron solo con sus prendas, porque apenas eso les quedaba.
Marciliano Barragán, quien ahora es fiscal de la Junta de Acción Comunal de Puerto Valdivia, confiesa que: “ni siquiera la violencia nos había hecho salir como lo hizo el megaproyecto”.
Los que siguen en Puerto Valdivia lidian con la incertidumbre de que en cualquier momento el río arrase con sus vidas. La salud mental de la población ha empeorado, haciendo que, según John Blandón, la compra de antidepresivos y medicamentos para controlar la hipertensión, se dispare.
Desde la construcción de Hidroituango, las actividades económicas tradicionales del corregimiento, como la pesca y la extracción de arena, han desaparecido progresivamente. El proyecto disminuyó de alguna forma la producción de pescado, lo que produjo que los pescadores tuvieran que buscar otros oficios para sostenerse.
Con los extractores de arena la situación es similar. Walter Antonio Tejada se dedica a esta labor. Antes podían llenar dos o tres volquetas de arena en la semana, lo que les dejaba unas ganancias de 50.000 pesos diarios.
En la actualidad, los altos niveles del agua han reducido la cantidad de arena al extremo, que hay días que finalizan sin ningún ingreso. Son cerca de 50 familias para quienes la actividad es su sustento. Ahora tampoco alcanza para abastecer a los municipios cercanos que solicitan la arena. Walter, por su parte, suele hacer rifas para solventar varios de sus gastos.
Pueblo unido jamás será vencido
Una de las alternativas que ha buscado la población ante la falta de presencia en el territorio por parte de EPM y organismos gubernamentales, es unirse en Juntas de Acción Comunal para cada una de las 51 veredas que conforman al corregimiento. Los líderes sociales han asumido roles como censar a la población y clasificarla según categorías: ancianos, niños, adultos, discapacitados, animales, víctimas del conflicto; siendo este último aspecto el más reiterativo entre los pobladores.
A través de los voceros llevan el mensaje de inconformismo a las entidades que pueden ayudarlos, aunque pocas veces sean escuchados. El clamor es el mismo: exigen claridad y garantías. Quieren conocer la verdad sobre las condiciones de la obra en Hidroituango, reclamar el dinero o la reparación por sus pérdidas, tener un acompañamiento que les brinde la seguridad que demandan, y en especial, necesitan que no los olviden.
El 15 de noviembre de 2022 se realizó un simulacro en compañía de la Cruz Roja. La comunidad tuvo poca participación en el evento y las razones eran considerables:
- Nunca hubo una socialización que dejara en claro a los habitantes los procedimientos a seguir para evacuar.
- La comunidad temía dejar sus pertenencias a la deriva, incluyendo a los animales, sin recibir garantías al respecto.
- Los puntos de encuentro que se proponían eran los mismos del 2018, unas fincas que habían cambiado de dueño hasta tres veces, datos que no estaban actualizados al momento de planear el simulacro. Los actuales dueños desconocían su deber y estaban los que se negaban a prestar sus predios para este fin.
- Las alarmas llevaban más de diez meses sin funcionar y aunque fueron arregladas antes del simulacro, no suenan lo suficientemente fuerte para alertar al corregimiento.
La relación entre EPM y los residentes aguas abajo es tensionante. Empresas Públicas de Medellín mantiene otra versión de los hechos, tratando de vender al país la idea de que han realizado todo lo que está a su alcance para proteger a estas comunidades, mientras los residentes manifiestan lo contrario.
Este tipo de obras deberían funcionar como puentes de desarrollo para la prosperidad de los pueblos, y no contribuir a generar más pobreza, incertidumbre y marginación. Se reconoce la importancia del megaproyecto en materia energética para el país, pero este fin nunca podrá justificar que se juegue con la vida de cientos de miles de personas aguas abajo.
Lo cierto, es que pasear por las calles de Puerto Valdivia es percibir una atmósfera de abandono y zozobra. Es pensar que en un instante todo aquello conocido puede desaparecer. Es sentir la impotencia en los ojos de los ancianos. Es reconocer la inocencia de los niños que se divierten en la tierra o el pavimento porque no tienen un parque donde jugar. Es admirar la lucha de unos líderes que no cesan de gritar hasta ser escuchados. Es reflexionar sobre la manera en cómo el poder y los intereses de unos cuantos acaban con la dignidad de los pueblos.
