Casas que fueron de Pablo Escobar o de sus amigos y rivales son ejemplos conocidos de propiedad que tienen una historia ligada al narcotráfico y que están en manos del Estado. Muchas siguen abandonadas y se hallan en grave proceso de deterioro. ¿Qué pasa con ellas?
Cuando la curiosidad asalta a quien pasa frente a propiedades de este tipo y se le pregunta a los que viven alrededor, la respuesta casi siempre es muy parecida: “Eso es tierra de nadie”.
Las famosas “tierras de nadie” abundan en Colombia, pero gran parte de los ciudadanos no sabe qué pasó con ellas. Juan Carlos Luján, periodista y profesor de la Universidad EAFIT, afirma que toda su vida ha visto los mismos terrenos abandonados que dicen ser del Estado, pero que nadie hace nada con ellos:
“Uno a veces pasa en el bus y ve que hay gente adentro, muchas veces en altas horas de la noche, y no sabe si son personas que trabajan con el Estado o simplemente gente que se mete a hacer otro tipo de cosas”.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la propiedad privada siempre que esta haya sido adquirida con arreglo a las leyes civiles.
Este es un derecho de segunda generación, es decir, está adscrito al ámbito de los derechos sociales económicos y culturales y, por tanto, no es un derecho fundamental. Pero tiene una regla principal para la Corte Constitucional que se puede entender así: el dinero con el que se compre la propiedad no puede venir de negocios ilícitos.
He ahí donde entra el artículo 34 de la Constitución Nacional, con base en el cual se estableció la Ley de Extinción de Dominio, un proceso judicial mediante el cual el Estado reclama los bienes de propiedad de personas que los obtuvieron de manera ilícita o han sido usados directa o indirectamente en actividades ilegales.
El proceso inicia con la Fiscalía General de la Nación, la cual investiga y recopila pruebas para saber si contra ese inmueble procede la extinción de dominio.
El abogado penalista Juan Carlos Álvarez explica que la entidad estatal llamada Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la encargada de administrar esos bienes que están sometidos a una medida cautelar porque están bajo el proceso de extinción de dominio.
Esto significa que no pueden ser ni vendidos ni utilizados por sus propietarios y quedan provisionalmente en manos del Estado a través de esta entidad.
Esto supone que lo que debe hacer la SAE es administrar esos bienes y ponerlos a producir, pero debido a las malas prácticas administrativas de la entidad y muchas veces por casos de corrupción, los terrenos pasan años abandonados, pudriéndose poco a poco y generando un detrimento patrimonial del cual el Estado es responsable.
Según la Contraloría, en 2022 había en Colombia 6.634 predios con medida cautelar de extinción de dominio.
Muchos de estos inmuebles con medida de extinción de dominio todavía están pendientes de revisar y otros no están administrados por nadie.
Cabe recordar que la administración de estos bienes pasó a la SAE debido a que, cuando estaba a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se halló mucha corrupción. Sin embargo, para muchos no parece que el cambio haya servido debido a que no se ve una transformación radical en el manejo de esos bienes.
El Estado los incauta con el objetivo de transformarlos y desligarlos de actividades ilícitas con las que hayan estado relacionados antes.
Pero, al dejarlos abandonados por años, permite que muchos sean utilizados sin permiso por personas que continúan con actividades ilegales como, por ejemplo, la elaboración o el tráfico de estupefacientes.
Esto significa que el Estado no solo no ha servido para alejar a estas propiedades de actividades ilícitas, sino que, además, hizo que se perdieran grandes cantidades de dinero que se podían generar al poner a producir dichos terrenos.
Parece entonces que es ineficiente la administración de los mismos que realiza la SAE. El periodista Juan Carlos Luján dice también que, aunque muchas alcaldías y empresas han preguntado por estos bienes para transformarlos, el Estado tampoco cede:
“Ya han pasado muchos años y ni siquiera han tomado acción sobre estas propiedades, deberían dárselas a la alcaldía o a la gobernación respectivas para utilizar esos terrenos para un bien comunitario. En Medellín, por ejemplo, se necesitan muchos parques, ¿por qué no generar un espacio público que beneficie a la gente en vez de dejar esas propiedades quietas?”
El presidente Gustavo Petro, en 2023, ordenó que las tierras expropiadas al narcotráfico y administradas por la SAE pasarán al campesinado de Colombia. De ellas, ya les entregó a 200 familias de Ciénaga de Oro fincas por 1.641 hectáreas, para que establezcan proyectos productivos para avanzar en la reforma agraria. Sin embargo, esto siguen siendo un paño de agua tibia ante la dimensión del problema.
La ineficiencia del Estado genera un mal en los alrededores de los lugares en donde se encuentran bienes incautados por extinción de dominio. Lo peor es que pareciera que tampoco tienen intención de solucionar dicho problema.
Entonces, está claro de dónde viene el nombre “tierras de nadie”: no hay nadie quien las transforme, tampoco quien las venda a los posibles interesados y mucho menos quien las administre.
