El naranja no combina con todo

En un comunicado de prensa publicado el 25 de mayo de 2019, la Presidencia de la República señaló que, de las 90.000 empresas creadas en los primeros tres meses del año, un poco menos de la mitad hacían parte del sector Naranja o que estaban “gravitando alrededor de este”. Esta expresión es la punta del iceberg de las múltiples ambigüedades que rodean el concepto de “economía naranja” y que lo hacen tan rentable políticamente.

A primera vista, el concepto se asocia con arte y cultura; de hecho, el principal responsable de administrar los recursos para su funcionamiento es el Ministerio de Cultura, en cabeza de la ministra Carmen Inés Vásquez Camacho. Sin embargo, las rodajas se extienden mucho más allá y, según esa misma entidad, abarca otros temas como la creación de software, el diseño de producto, las agencias de noticias, los parques naturales, entre otras actividades que no se relacionan de manera directa con el concepto tradicional de cultura y que han estado bajo la supervisión y el desarrollo de otros ministerios.

El problema de la definición de esta palabra y lo que incluye o representa puede resultar banal o insignificante. Es solo una palabra, dirán muchos, pero es una palabra que representa millonarias exenciones en impuestos y que debe estudiarse con cuidado para no cometer errores que después se tildan de ingenuidades. La claridad es imprescindible para diseñar y ejecutar políticas públicas que se adapten a todos los requerimientos sociales y no pueden dar cabida a lagunas tan grandes.

Para comprender esa definición hay que ir por partes. En primer lugar, está la economía naranja vista como “una herramienta de desarrollo cultural, social y económico” que, además, “se diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción y distribución de bienes y servicios”, como la define el Ministerio de Cultura. Es en este punto donde cabe todo. En segundo lugar, se busca que el contenido tenga un “carácter cultural y creativo [que] se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual”, y es en este aspecto donde no todo se sostiene.

Y es que la definición lo aguanta todo: Uber, Rappi, el Carnaval de Negros y Blancos, Silvia Tcherassi, Netflix y a Luisa Fernanda W. Esa misma definición también excluye valiosas expresiones culturales que, sometidas a una definición aceptada, se pierden.

Es muy complicado aplicar los parámetros de la propiedad intelectual al sombrero vueltiao, al Carnaval de Barranquilla, al poporo Quimbaya y a muchas otras expresiones de nuestra cultura. En la práctica, quizás no se excluyan estos aspectos culturales de los planes del Gobierno, pero eso demuestra un problema aún más grave y es la poca relación que guarda la teoría naranja con la realidad cultural.

“Tratar de plasmar un concepto definitivo de la Economía Naranja o de sus industrias es tan absurdo como innecesario”, afirman Felipe Buitrago y el presidente Iván Duque, autores del libro La economía naranja: una oportunidad infinita, aunque también señalan que “es posible y muy importante contar con definiciones claras en el momento de enfrentar la difícil tarea de diseñar políticas de desarrollo social y económico”. Aunque es posible y muy importante, no se ha logrado.

Con el concepto actual se excluye a la concepción de cultura descrita por Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo, y que busca que esta no se entienda “como un mero epifenómeno de la vida económica y social, sino como realidad autónoma, hecha de ideas, valores estéticos y éticos, y obras de arte y literarias que interactúan con el resto de la vida social y son a menudo, en lugar de reflejos, fuente de los fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos”.

Según Sonia López Franco, coordinadora del Centro de Estudios en Lectura y Escritura, lingüista y profesora de Literatura, “en el contexto de políticas públicas si no hay una definición clara, no se entiende la política. En la medida en que se usan metáforas, se hace bonito y llamativo el discurso, pero poco claro. Aquello que no se pueda definir, no se puede lograr. Si se rotula de manera imperfecta, se genera desinformación y, sobre todo, múltiples connotaciones, generando así un gran problema”.

Este tema ha sido importante para el presidente Duque desde que era senador, por lo que presentó la Ley Naranja que “tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios”. Cabe preguntarse, señor presidente, ¿qué pasa con las expresiones que no generan ese valor?, ¿acaso no se fomentan, incentivan o protegen? Ese tipo de ambigüedades son las que resultan peligrosas si se habla de asignación de recursos y las que estancan el progreso de la cultura entendida como un dinamizador social, que no necesariamente tienen que generar riqueza.

También hay que reconocer que son positivos los apoyos que se le entregan a los emprendedores digitales, pero no se debe catalogar esa ayuda como un incentivo a la cultura. Hay que entender que hay sectores productivos y muestras artísticas con una gran acogida comercial, que generan empleo e impuestos, aunque no debe ser el referente de modelo cultural exitoso.

Por eso, es importante entender las diferencias profundas que existen entre todos los sectores que componen la economía naranja, reunidos por las definiciones oficiales en un lugar común llamado creatividad. Esa ambigüedad y falta de claridad nos puede llevar a no tener un rumbo claro frente a lo que se busca en un país lleno de riqueza cultural, y en el que las palabras que se escriben desde las instituciones pueden llegar a limitar, a confundir y a excluir. No podemos tener planes de gobierno en los que se termina tratando de la misma forma a Zuckerberg y a Gabo.