Hasta hace unos días muchos colombianos sacaban pecho en defensa de la reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro, no obstante, para otros esta parecía ridículamente costosa e insostenible.
Y es que, mirando el escenario completo actual de la salud en Colombia, la accesibilidad, calidad y sostenibilidad financiera son temas críticos. En este contexto, la propuesta presentada por Petro ha generado un intenso debate, particularmente en cuanto a su viabilidad económica a largo plazo. Si bien su enfoque en garantizar un acceso equitativo a la salud es loable, es necesario analizar críticamente los aspectos económicos y financieros de dicha propuesta.
Dentro de esta reforma se plantea la eliminación de las EPS y la creación de un sistema único de salud gestionado por entidades públicas. Una medida que se justifica desde la búsqueda de simplificar el sistema y reducir los costos administrativos asociados. Sin embargo, la transición de un sistema mixto a uno completamente público conlleva desafíos financieros considerables.
Debido a que se requiere una inversión inicial significativa para establecer las infraestructuras necesarias y capacitar al personal, así como un plan detallado para garantizar la continuidad de la prestación de servicios durante la transición. Según La República, solo para el primer año, 2024, la inversión para la implementación sería mayor a los nueve billones de pesos que habían sido calculados en octubre del 2023.
Es importante destacar que el sistema de salud cerró el año 2023 en una de las crisis financieras más graves de las últimas tres décadas. Según Portafolio, diversos gremios, movimientos y expertos del sector coinciden en esta conclusión luego de evaluar el déficit financiero que afecta a toda la cadena de valor, cifra que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estima en 9,6 billones de pesos.
Pero eso no es todo, otro aspecto controversial de la propuesta es la eliminación del régimen contributivo en salud, que actualmente financia una parte importante de los servicios en el país. Si bien se argumenta que esta medida busca “aumentar la equidad” en el sistema, su implementación significaría un desfalco significativo y nos empezaríamos a plantear interrogantes sobre cómo se compensarán las pérdidas de financiamiento y cómo se mantendrá la calidad y cobertura de los servicios para todos los ciudadanos.
Entonces, ¿de dónde saldrán los recursos?
El principal argumento de la oposición es la falta de claridad en cuanto al financiamiento del nuevo sistema de salud y su impacto en las finanzas públicas. Ya que según el economista Camilo Arias, exasesor en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gasto supondría más del 10% del PIB del país.
Por lo que la viabilidad económica a largo plazo de la reforma dependería en gran medida de fuentes de financiamiento sólidas y sostenibles, lo que implicaría opciones como reformas fiscales, aumento de la recaudación, eficiencia en el gasto público y participación del sector privado de manera estratégica. En cortas palabras, sin un plan financiero robusto, existe un gran riesgo de déficits presupuestarios y desequilibrios financieros que podrían comprometer la estabilidad económica del país.
Considero que, este motivo es precisamente una de las razones con mayor peso de por qué la reforma fue archivada y no continuará en discusión. Si bien la reforma propuesta por Petro tiene el reconocimiento de su intención loable de garantizar un acceso equitativo a la salud, sabemos que los costos innecesarios que implicaría la transición de un sistema mixto hacia un sistema de salud gestionado exclusivamente por entidades públicas, sería la soga al cuello para el país en lo que queda del mandato presidencial. Así que, aunque el éxito de la reforma dependía en gran medida de la implementación de medidas financieras sólidas, claras y sostenibles en el tiempo, ahora solo es una reforma que no va más.
