Esta abogada y jueza penal del distrito de Rionegro, Antioquia, es una feminista enfocada en fomentar la sororidad, concepto que según la RAE promueve el apoyo entre mujeres en un contexto de discriminación de género y de violencia patriarcal; por esto, ha sido una de los principales apoyos en el desarrollo del proyecto de Voces Olvidadas. Ella es fiel creyente de que desde la educación y la concientización de los jóvenes en el tema, se puede crear una verdadera transformación social; más que un favor, para ella apoyar a este tipo de proyectos periodísticos es su deber para aportar al cambio.

Hernández es una fuente neutral, ofrece una mirada externa a la hora de evaluar los procesos realizados por las entidades del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, conformado por la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, las comisarías de familia y las inspecciones de policía. Este es un tema que requiere de diversas opiniones, revisiones y posturas para proteger a las mujeres; no nos podemos quedar únicamente con la opinión del Estado, quien nunca va a culparse a sí mismo de la problemática. Se requiere de alguien ajeno a estas instituciones, que esté en pro de la protección de la mujer y de sus mejores intereses, para aportar una visión objetiva del accionar de las entidades públicas involucradas, y este es el papel de Helena Hernández en Voces Olvidadas.

¿Está de acuerdo con el enfoque que hace la Secretaría de las Mujeres de Medellín en el que incluye a los hombres dentro de la comunicación pública, es decir, los involucran en la problemática y no solo se enfocan en educar a las mujeres para salir de las situaciones de riesgo?

Sí, sin duda, es que las víctimas y las potenciales víctimas muy poco pueden hacer, por no decir que nada; porque de hecho los momentos de más riesgo para la víctima o para la potencial víctima de feminicidio son precisamente cuando la mujer se da cuenta de que es víctima, cuando decide terminar la relación o tomar cartas en el asunto, ese es el momento de más peligro para ellas. Entonces, cuando se dirige la comunicación hacia ellas se está desconociendo el problema y poniendo cargas sobre la víctima para responsabilizarla de las consecuencias.

Me parece que está muy bien que lo hagan de esa manera, la comunicación debe ir dirigida a los hombres y a las redes de apoyo que puedan darse cuenta de lo que está ocurriendo con la víctima, porque son las personas externas las que pueden tomar acciones para informar a las autoridades.

Partiendo de que los albergues son un sitio donde se brinda resguardo a las víctimas durante una situación de emergencia, el cual funciona como una especie de “hotel’’ donde se brinda refugio y alimentación a mujeres en situación de riesgo, mientras que un lugar de acogida es compuesto por familias previamente capacitadas para recibir a una mujer que debe salir de su entorno de riesgo para evitar que la situación de violencia por la que atraviesa escale a niveles mayores, garantizando protección, seguridad y privacidad, ¿considera que los albergues, los cuales no existen en Medellín, son importantes para la protección de las víctimas de violencia de género o que con la medida de los hogares de acogida, familias capacidades para recibirlas, de los cuales hay 17 en la ciudad, es suficiente para este objetivo?

Los albergues son lo mínimo que debe existir para una situación de urgencia; cuando ocurren situaciones de riesgo de un momento a otro, cuando no se cuenta con una previa coordinación con alguna entidad que ayude en ese instante a dar soluciones estables a la mujer que está en riesgo, deberían existir los albergues, una solución temporal e inmediata para suplir esa necesidad de alejarse del entorno de riesgo.

No se puede esperar que la mujer se salve en una situación de riesgo inminente, sino tiene a dónde ir, simplemente el albergue nos asegura que va a haber protección a la integridad física de la mujer, no nos va a garantizar nada más, porque es una medida de emergencia.

Lo que mata a las mujeres es que las situaciones de ese tipo de violencias no aguantan las barreras administrativas por parte de las autoridades, ahí se quedan las mujeres, en los procesos, los hogares de acogida no son suficientes y tienen muchos requisitos.

¿Qué falencias identifica usted en los procesos penales relacionados con violencia de género?

Específicamente con la Fiscalía hay muchas dificultades; empiezan los procesos de forma errada, un caso que claramente es un feminicidio o que tiene una sospecha fundada de que lo sea, se inicia como homicidio; posterior a la investigación, durante el proceso penal, realizan preacuerdos con el acusado, lo que le otorga aún más rebaja de pena, en un caso que ya ni siquiera está siendo calificado como feminicidio, un delito que tiene considerablemente más pena que un homicidio; es una manera completamente errada de llevar estos casos.

¿Ha sido testigo de alguna negligencia cometida con las víctimas por parte de las entidades asociadas al Consejo de Seguridad para las Mujeres?

Sí, primero lo que les mencioné con respecto a la Fiscalía, segundo con la Comisaría de Familia, muchas veces no se han otorgado las medidas pertinentes cuando las víctimas acuden a las autoridades y finalmente asesinan a la mujer. Existe una negligencia por parte de las instituciones del Estado y eso precisamente es una consecuencia de que no estemos trabajando de una forma integrada y no estemos midiendo cuáles son los resultados de cada una de esas entidades con relación a la violencia machista. Las primeras autoridades a las que acude una mujer que está siendo víctima no están haciendo nada al respecto, es muy poco lo que están resolviendo y, finalmente, no están evaluando el potencial de riesgo que tiene la mujer, quien tristemente termina muerta.

¿Cree que las entidades asociadas al Consejo de Seguridad son fundamentales para prevenir un feminicidio?

Sí, por supuesto, si miramos la mayoría de feminicidios se dan por la pareja o expareja sentimental, las comisarías de familia y la Secretaría de las Mujeres son las entidades que se encuentran más cercanas a la víctima. La mujer, que es potencial víctima, puede pensar más fácilmente en dirigirse a una comisaría de familia que en ir al bunker de la Fiscalía; estas entidades pueden tener los datos reales de la situación de la víctima, por ejemplo, cuando las mujeres llegan a la Comisaría de Familia, en esta entidad lo que deberían hacer es enviarlas a Medicina Legal para proceder con un estudio de riesgo, ahí la comisaría podría tomar medidas para comenzar el proceso administrativo por su cuenta y darle traslado a la Fiscalía para que inicie el proceso penal, pero esto rara vez sucede.

¿Cómo se mide el impacto de las entidades encargadas de proteger a una potencial víctima de feminicidio?

El problema es que no se cuenta con un sistema de medición que diga que tan efectivo y eficiente es el trabajo de estas entidades. Por ejemplo, la percepción de la sociedad sobre la comisaría es muy mala, los resultados finalmente se traducen en mujeres que han sido asesinadas y que habían acudido varias veces a las entidades; esto nos muestra que no están funcionando las primeras autoridades que tienen conocimiento de la situación de la mujer o que saben que vive con un marido maltratador.

Estos datos no están sirviendo para que el Estado prevenga un feminicidio, nuevamente estamos inclumpliendo lo que la ley Rosa Elvira Cely dispuso y que al día de hoy no tenemos, que es la adaptación de un sistema nacional de estadísticas sobre violencias basadas en género; si tuviéramos unas estadísticas con un sistema integrado podríamos tener un marco mucho más confiable para realizar políticas públicas de prevención y para hacer seguimiento de los casos en el que se les ha dado apoyo a mujeres, para así evaluar los resultados de las autoridades.

Si no existe un sistema que responsabilice a las autoridades y que evalúe sus funciones, no llegaremos a ningún lado, hay que adoptar un sistema que las responsabilice y a sus funcionarios también.

No tenemos sistema integrado de estadísticas, pero ¿para usted los informes que saca la Fiscalía suplen al menos parte de esta necesidad?

Son terribles, no cuentan con una clasificación de muertes por feminicidio, son más confiables las cifras de la Fundación Feminicidios Colombia, que obviamente tienen muchos casos sin esclarecer, porque finalmente se quedan en lo que pueden conseguir de Medicina Legal y Fiscalía. Si no tenemos algo tan básico como esto, se muestra que no hay voluntad política. La realidad es que no han importado los feminicidios, así tengamos una ley desde el 2015; no se ha cumplido con muchos ítems, ni con la adopción de un sistema nacional de estadísticas sobre violencias basadas en género, esto nos da un marco para empezar a exigir a las autoridades, porque lo peor que puede pasar está pasando, se queda todo en la generalidad.