“Uno no sabe qué pregunta es más cruel: la del secuestro, ¿cuándo volverán? o la de la desaparición forzada, ¿dónde están?
Luis Gabriel Carrillo Navas
Esta historia es real; sin embargo, algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de sus verdaderos protagonistas.
José Antonio siempre dormía con dos armas al lado de su cama, una carabina calibre 22 y un revolver 32 largo. Sin embargo, poseerlas no cambió ni impidió su destino fatídico. Cuando llegó el momento, ni siquiera pudo empuñarlas para intentar defenderse.
Alberto Castaño tenía 22 años en el momento en que su padre José Antonio Castaño fue secuestrado el 19 de septiembre de 1981. En ese entonces, aún no era un término ni un problema muy común ni conocido, así que ni él ni su familia entendían muy bien por qué, ni en qué consistía un secuestro.
“Uno no sabe qué pregunta es más cruel: la del secuestro, ¿cuándo volverán? o la de la desaparición forzada, ¿dónde están?
Luis Gabriel Carrillo Navas
Este es uno de los delitos más conocidos y repudiados por la sociedad colombiana, la cual ha sido forjada con el dolor de miles de familias y el derramamiento de sangre de personas de todas las clases sociales, regiones del país y condiciones políticas y étnicas.
Según la Comisión de la Verdad, 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018.
El secuestro es la “privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios, que condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial, entre otras”, explica la Comisión en su informe final.
A inicio de la década de 1970, las guerrillas recurrieron a los secuestros económicos y con el tiempo empezaron a utilizar esta práctica también con fines políticos.
El secuestro era un recurso para financiar su lucha y al comenzar a tener un trasfondo político favorecía a que su poder fuera mostrado, lo que les daba una posición ventajosa en negociaciones.
El Centro Nacional de Memoria Histórica explica que ese delito se convirtió en una estrategia no solo para beneficiarse del dinero de las élites, sino para presionar y debilitar al Estado. Así mismo, en el afán de desestabilizar aún más, políticamente hablando, surgieron la “toma de rehenes” como una modalidad de secuestro a militares y policías.
En el punto más crítico del conflicto armado, los secuestros empezaron a ser masivos. Hubo incluso secuestros en aviones comerciales y en las grandes ciudades y carreteras del país. Estos últimos fueron conocidos como “pescas milagrosas”. Se realizaban mediante retenes ilegales realizados por los grupos insurgentes.
Allí, los perpetradores tenían listas previas con nombres de posibles víctimas o, incluso, en el mismo lugar corroboraban de cierta forma la capacidad económica del retenido y, si consideraban que tenían dinero suficiente, lo secuestraban para pedir por su rescate.
A pesar de que José Antonio y su familia eran considerados una familia adinerada de Amalfi, un municipio ubicado en el Noreste antioqueño, en realidad no tenían tanta fortuna como las personas que normalmente eran secuestradas por entonces: se les veía de esa manera porque en esa zona y en esa época tener dinero era sinónimo de poseer unas cuantas vacas.
Toda la vida fue campesino, jamás puso un pie en la ciudad. Cuando vivía en esa región se mantenía en la finca La Nime y sus once hijos e hijas lo visitaban los fines de semana, donde les tocaba trabajar a cada uno de ellos.
Era muy parco y estricto, incluso Alberto, su hijo favorito o “ñaña”, como todos sus hermanos le decían, se refiere a él como un viejo resabiado y de carácter muy fuerte.
José Antonio vendió la finca ubicada en Amalfi y compró una nueva en la región de Segovia, un municipio cercano que limita con Zaragoza y El Bagre. Él creció allí y cuando tenía 7 años su familia fue desplazada por la guerrilla de este lugar, así terminó en Amalfi. Encontró su camino de vuelta al lugar que consideraba su hogar, sin saber que allí su vida iba a cambiar.
Fue secuestrado en El Hundidor, la finca que quedaba en Segovia y lo último que quedó de José Antonio en esa propiedad fueron dos viejas armas que no lo defendieron y el mal recuerdo para una familia entera que, sin saberlo, ese suceso le cambiaría la vida entera a cada uno de sus integrantes.
Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados por esta práctica violatoria de los derechos humanos.
Entre los años 1980 y 2018 se presentaron 9.308 secuestros en esta región del país, lo cual equivaldría al 20 % de las víctimas a nivel nacional.
Los otros departamentos que más han sufrido este delito son:
–Cesar: 3.353 víctimas (7 %).
–Norte de Santander: 2.949 víctimas (6 %).
–Bolívar: 2.611 víctimas (6 %).
–Nariño: 2.513 víctimas (5 %).
Castaño siempre se levantaba a las 5:00 a.m. para ordeñar las vacas. Antes de eso, los trabajadores de la finca tenían que encerrarlas a ellas y a sus terneros. Ese sábado 19 de septiembre fue diferente. Antes de que él se levantará, Marcos González, el administrador de la finca, tocó su puerta con insistencia y le dijo que había un problema con una vaca que para esos días había estado enferma.
Él no dudó y salió con prisa a ver qué sucedía; a dudas penas pudo ponerse una camisa mal abotonada. Cuando salió por la puerta de su casa, le apuntaron tres personas armadas: una mujer y dos hombres.
Su carabina semiautomática de madera marca Marlin se quedó en el mismo lugar en el cual la ponía todas las noches. “El viejo no pudo hacer nada y se lo llevaron”, contó su hijo Alberto. Otro trabajador de la finca se encargó de informarle a él y a los demás hermanos esos detalles.
La noticia llegó pronto a Amalfi a oídos de Raúl, el primogénito, y cuando Alberto llegó al pueblo las primeras palabras que oyó de su hermano fueron: “¡Secuestraron a Castaño!”
Ninguno sabía qué decir, estaban atónitos. Alberto solo pensó en tres preguntas: ¿quiénes?, ¿por qué? y ¿cómo se lo decía a la vieja? Raúl, él hermano mayor, decidió ser quien se lo contara a su madre y la respuesta de las otras dos preguntas llegaría muy pronto.
Los secuestros y la toma de rehenes han sido realizados principalmente por las organizaciones guerrilleras.
Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2010 ocurrió el 90,6% de los casos conocidos.
Los mayores responsables fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con aproximadamente el 40 % de los casos (20.223 víctimas), seguidas de los grupos paramilitares con el 24 % (9.538 víctimas) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con 19 %.“También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos, con el 9 % del total”, afirma la Comisión de la Verdad.
Quince días después del secuestro de José Antonio llegó una carta del Cuarto Frente de las Farc en la que solicitaban 50 millones de pesos de ese momento para su rescate, lo que equivaldría a unos 5.800 millones de pesos de hoy.
Ahí las otras dos respuestas. Alberto ya sabía quiénes fueron los responsables y que había sido un secuestro estrictamente por fines económicos.
Ellos no contaban con ese monto. A Raúl le estaba yendo bien comerciando objetos provenientes de Venezuela y la finca de su padre era grande. Astrid, una de las hijas de José Antonio, dice que era de aproximadamente 300 hectáreas, y Alberto que tenía alrededor de 150 hectáreas.
A pesar de no conocer la extensión territorial exacta, seguía siendo una propiedad grande para esa época. Aun así, a la familia no le alcanzaba para pagar el rescate.
Más o menos a la semana y media, entre todos los hermanos lograron recolectar el dinero, unos pusieron sus ahorros y otros vendieron cosas que no consideraban indispensables. Hicieron un esfuerzo grande porque tenían miedo de no volver a ver a su padre. Gran parte del dinero recogido se los dieron por hipotecar la finca. Al pagar el rescate, los responsables dijeron una fecha y hora de la liberación.
Raúl, luego de hablar con los guerrilleros, contrató a una banda de músicos para que tocaran en el pueblo. Según lo que le habían dicho a Alberto y a sus hermanos, su padre iba a ser liberado el viernes de esa semana a las 6 de la tarde.
Todos lo esperaban con ansias, se sentía una alegría inmensa, la gente bailaba e ingería licor, el pueblo estaba regocijado. Incluso, se unieron al festejo personas que no eran allegadas a la familia.
“La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada”, explica la Comisión de la Verdad en su Informe Final.
El Centro de Memoria Histórica relata cómo algunas de las víctimas se llegaron a sentir como animales durante el cautiverio y cómo se preguntaban una y otra vez: “Qué delito he cometido para estar privado de todo lo que nos hace personas”.
Fue una gran decepción que al pasar las horas no llegara nadie. Raúl sintió mucho enojo, pero no fue hasta el día siguiente que se pudo contactar con los guerrilleros. En ese momento, le pidieron 20 millones de pesos más.
El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas. Durante esa época del conflicto se registraron varios casos en los que los grupos armados cobraban el rescate y no entregaban a las personas que tenían en su poder ni vivas ni muertas.
Ese fue el caso de José Antonio Castaño. Ni siquiera su cuerpo fue entregado, a pesar de haber dado el dinero que solicitaron en un comienzo. Ni su esposa ni sus hijos pudieron darle una sepultura digna y no pudieron verle su rostro por una última vez.
Hasta el día de hoy, ni Alberto ni ninguno de sus hermanos saben si para esa fecha de la supuesta liberación él ya estaba muerto o si fue asesinado luego cuando Raúl les dio una respuesta algo dura luego de que le pidieran más dinero.
“Si se calcula el subregistro potencial, se estima que el universo de víctimas de secuestro podría ser de 80.000 víctimas.
Década con más víctimas: entre 1995 a 2004 hubo 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 víctimas (23 % del total)”.
Comisión de la Verdad en su Informe Final del año 2022.