Hay discursos que no se necesitan gritar para ser peligrosos. Basta con que se presenten como la supuesta defensa de “los valores” para que pasen desapercibidos.

Políticos, gobernantes, líderes de opinión, influencers… plantean en muchas ocasiones posturas que dicen plantearse “en nombre” de la familia, de la niñez o de la moral.

Con esos discursos, algunos sectores ideológicos han encontrado una forma eficaz de legitimar la exclusión: no hablan de manera abierta de la discriminación, hablan de “principios”; no dicen prohibir, dicen “proteger”. Pero, cuando se escucha con cuidado, el mensaje es claro: hay formas de vida que no merecen el mismo reconocimiento.

La estrategia no es nueva; se usa desde hace años en Colombia e, infortunadamente, persiste.

Primero, se apela a lo que la “naturaleza” dice o demuestra, como si fuera una verdad incuestionable. Luego, se introduce la idea de que lo que se sale de esa norma representa un “riesgo”. Y, finalmente, se afirma hablar desde el “respeto”, pero, mientras tanto se niegan derechos.

Este tipo de discurso es todo menos ingenuo. Asociar a una población con peligro, en especial cuando se trata de la infancia, por ejemplo, es uno de los recursos más efectivos de generar rechazo social. Y también una de las más dañinas.

El problema no recae en que existan creencias religiosas o posturas conservadoras. El problema es cuando estas se convierten en herramientas para decidir quién puede vivir con dignidad y quién no.

En un Estado laico, como el colombiano, la ley no debería ser el reflejo de una moral única, sino una garantía para todos sin importar raza, género, religión o identidad sexual. Cuando esto se rompe, la democracia deja de ser un espacio de igualdad y se convierte en un mecanismo de exclusión.

Al final la pregunta no es qué se cree en privado, sino qué se impone en lo público. Y ahí es donde está el problema.