El feminicidio íntimo: el cáncer que acaba con la vida de las mujeres en Medellín
Voces olvidadas
Actualmente vivimos en una sociedad donde predominan los estereotipos de género, los cuales han sido impuestos por la sociedad con el pasar de los años; se espera que la mujer sea cuidadora, delicada y maternal, mientras que el hombre se visualiza como un ser humano fuerte, que puede hacer lo que quiere sin consultar, y es aquí cuando se evidencia el comportamiento machista: el hombre considera a la mujer como su propiedad, inferior, un ser con menos derechos y que debe complacerlo cuando este se lo ordene y aceptar las decisiones que tome con respecto a su vida y su actuar.
Cuando las mujeres se anteponen al pensamiento machista de los hombres y deciden ir en contra de ese imaginario atribuido por la sociedad años atrás, donde ellos son la cabeza del hogar y, por lo tanto, son los que deciden sobre este, toman represalias contra ellas: se comienza a ver a la mujer violentada de manera verbal, psicológica y física, hasta llegar a la máxima expresión de violencia contra ellas, que es la muerte.
Los hombres ejercen esta violencia contra las mujeres, porque, según su pensamiento, no están siendo las mujeres que deberían ser y no cumplen el rol que la sociedad les ha impuesto. Frases como “la mujer es la que cría a los hijos”, “la mujer es la que se encarga de las labores de la casa”, “la mujer no necesita ni estudiar ni trabajar”, se escuchan de manera frecuente o se han normalizado en las conversaciones del día a día, pero llevan un enorme peso y trasfondo. Con ellas comienza la discriminación de género: se ve a la mujer como un objeto, un ser inferior al hombre en sus condiciones físicas, intelectuales y morales.
Existen múltiples formas de violencia y discriminación contra la mujer, esta puede presentarse en dimensiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas, pero la violencia mortal es la máxima expresión de discriminación en su contra. En Medellín, en 2020, se presentaron 36 casos de feminicidio, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, y en lo que va del 2021 se han presentado 106 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 6 casos han sido en Medellín, una violencia mortal que no se agota simplemente en la muerte de la víctima, sino que produce un impacto radial, que deja múltiples víctimas indirectas, como la familia de la mujer, su círculo cercano y la comunidad en la que vivió.
El feminicidio es un concepto tan amplio, que se clasifica dependiendo la situación, por ejemplo, el feminicidio no íntimo es cometido por personas desconocidas a la víctima; es decir, no existía una relación ni sentimental, ni familiar. “Los homicidios a mujeres en los cuales no mediaba una relación previa entre víctima y victimario” (Amores que matan, 2016, pág 36).
Mientras que en el feminicidio no íntimo – conflicto armado, el homicidio a mujeres se comete en un escenario de conflicto armado. “Tienen una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado” (Amores que matan, 2016, pág 38). Este tipo de escenarios generan exposición a ciertas mujeres que apoyan el feminismo y están en contra de la violencia de género y el feminicidio. “Están en riesgo las mujeres lideresas, integrantes o activistas de grupos políticos, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas; activistas sindicales, gremiales, periodistas y comunicadoras sociales; servidoras y ex servidoras públicas” (Amores que matan, 2016, pág 38.).
Y finalmente, el feminicidio íntimo se da posterior a una escalada de violencia que se presenta de manera progresiva, “un patrón repetitivo de diversas formas de maltratos, sucesivos en un periodo de tiempo” (Amores que matan, 2016, pág 36-37) y que termina en un acto de violencia mortal que acaba con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, después de haber tenido un vínculo o relación con su victimario, ya sea por su compañero sentimental, ex compañero sentimental, familiar, amigo o conocido.
El delito
La tipificación, es decir, el reconocimiento del feminicidio como un delito que no encuentra espejo en el homicidio, estuvo marcada por una ardua lucha; comprender que se puede matar a una mujer por el hecho de ser mujer, sin ocultarlo bajo otras razones, fue un proceso que requirió de presión por parte de las convenciones internacionales, tiempo, y muchas tragedias.
El camino para la tipificación estuvo mediado principalmente por los avances internacionales, importantes convenciones, declaraciones y fallos impuestos sobre los derechos de las mujeres: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana de Belem do Pará, el fallo algodonero en México, en donde por primera vez se reconoció al feminicidio como: “un hecho extremo de discriminación basado en el género” (Amores que matan, 2016, pág 16), fueron algunas de las más importantes teorizaciones que influyeron en que el detonante en nuestro país, el caso Rosa Elvira Cely, logró la tipificación.
La ley 1761 del 2015 “Rosa Elvira Cely” reforma el código de procedimiento penal en Colombia, bajo la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de reconocer el feminicidio como un delito autónomo, a partir de esta aprobación se instaura un manejo penal específico para este delito, se declara que “es un hecho que se relaciona con la intención siempre de doblegar, controlar, someter la sexualidad y las decisiones de las mujeres sobre su vida, efectos, relaciones, cuerpo y ser mismo” (Amores que matan, 2016, pág 19), pero la justicia en Colombia es ineficiente y aunque estos avances fueron significativos en cuanto al manejo penal de este delito, existen todavía muchas falencias.
Con la tipificación vinieron entonces ciertos compromisos que el Estado debe cumplir en pro de la protección de las mujeres y de facilitar el adecuado funcionamiento de lo establecido en la ley 1761, tales como un sistema integral de ayuda psicológica y económica para aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia intrafamiliar, inversión para la protección de mujeres en riesgo, un proceso penal especializado por parte de la Fiscalía para los casos de feminicidio o de tentativa de feminicidio, un adecuado sistema de alertas, entre otras promesas en las que el Estado ha dejado a las mujeres a suerte.
Helena Hernández, jueza penal, afirma que ‘‘no hay un manejo especializado por parte de la fiscalía en las investigaciones, no se investigan como feminicidio todos los casos con sospecha fundada, se permiten negociaciones previas con la justicia para asumir culpa por homicidio y recibir rebajas de pena, se abandona a la víctima en el momento donde corre más riesgo, cuando enfrenta a su agresor, no tiene una ayuda económica por parte del Estado que la permita empezar su vida apartada de su victimario, las mujeres en Colombia son más vulnerables económicamente y si el Estado las abandona, no tienen cómo protegerse’’.
Atención a las víctimas
El Gobierno Nacional dispone la línea 155, ‘‘una llamada puede marcar la diferencia’’, pero ¿qué sucede durante estas llamadas? La línea funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, se puede comunicar fácilmente desde un celular o un teléfono fijo en todo el territorio nacional, allí las mujeres víctimas de violencia de género tienen atención especializada por parte de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. El caso es totalmente confidencial.
La línea 155 guía a las mujeres según la situación en que se encuentren, y serán transferidas a las siguientes líneas:
Línea 123 mujer – Situación de emergencia.
Línea 122 Fiscalía – Hechos reportados de amenaza y/o violencia.
Opción 4 – Orientación en caso de conocer a una mujer víctima de violencia de género.
La Concejala del Consejo de Medellín, Dora Saldarriaga Grisales, cuenta que la Secretaría de las Mujeres tiene como función principal poner en marcha las diferentes acciones afirmativas que tiene el plan de desarrollo en términos de garantizar esa igualdad material entre hombres y mujeres.
La Secretaría de las Mujeres tiene varios mecanismos para adelantar rutas de atención, como se menciona anteriormente, incluye la línea 123 mujer, hogares de acogida para aquellas mujeres que están en alto riesgo, esta protección se brinda por seis semanas, a mujeres que no tienen una red de apoyo o que esa red no pueda ofrecerles la protección adecuada, y para finalizar está la defensa técnica que brindan las abogadas.
Según el Observatorio de Violencias Contra la Mujer, en 2019 se registraron 265 casos de feminicidio a nivel nacional, de los cuales 39 fueron en el departamento de Antioquia, y a este se le suman 13 casos de tentativa de feminicidios. El 57% del total de los casos de ese año se cometieron en el ámbito privado. Lo que pone en alerta a las mujeres que encuentran en su hogar un lugar seguro, en el cual no podrán atentar contra su vida, pero no es así. Por otro lado, en el 2020 se registraron 217 casos de feminicidio, 48 casos menos que el año anterior.
En los casos de feminicidio íntimo, se ha determinado que estas mujeres han sido asesinadas cuando deciden abandonar a su agresor, que puede ser su pareja, ex pareja, un familiar o simplemente un amigo, el cual ha perdido el poder que ejercía sobre ella, y encuentra en el asesinato un castigo digno de esta conducta. Y entonces, ¿qué pasa con las familias de las víctimas de feminicidio?
Según Renán Darío López Gallón, psicólogo clínico, el acompañamiento a las familias es lento y doloroso, deben permitirse realizar el duelo mediante la terapia, sentir tristeza, ira, rabia, impotencia y, luego, pasar a la fase del perdón, donde muchas familias han perdido la batalla, y con justa razón: les apagaron la vida de la hija, prima, hermana, madre, amiga, y estar en esta etapa puede durar meses e incluso años, no es nada fácil comprender por qué el sujeto feminicida ha decidido que esa mujer le pertenece a tal punto de quitarle la vida.
¿Por qué si estas mujeres acudieron a las líneas de atención, igualmente fueron asesinadas? Esta es una de tantas preguntas difíciles de hacer y, aún más, de responder. En los casos de feminicidio íntimo en Medellín, se ha logrado determinar al momento de la investigación y recolección de material probatorio, que algunas víctimas habían denunciado previamente a su agresor ante las diferentes autoridades jurídicas y administrativas: Fiscalía, Comisaría de Familia, Policía Metropolitana, Defensoría del Pueblo, Personería, Secretarías de Salud. Lo que confirma una falla en la garantía de protección a la mujer que ofrece el Estado colombiano.
Por otro lado, Yamile Roncancio, fundadora de la Fundación Feminicidios Colombia, asegura que no hay una línea que garantice la protección al 100% de las mujeres, pues todas son posibles víctimas de feminicidio mientras existan hombres con posibles comportamientos feminicidas.
Tratamiento
Suena el teléfono, y se notifica que hubo una muerte más, otra mujer asesinada, no se sabe por qué, ni por quién, en ese momento comienzan las investigaciones para determinar si el homicidio es un feminicidio o no, ya que no todos los homicidios de mujeres son catalogados como tal, esto por las condiciones individuales de cada caso. El Director Regional de Medicina Legal, Quebin Fabian Mejía Muñoz, afirma que esto casi nunca es posible saberlo en los primeros meses posteriores al deceso de la mujer. “Solamente en muy pocos casos de entrada se puede clasificar el homicidio de la mujer como un feminicidio, en casos cuando se encuentra a la mujer desnuda con la escena sexualizada, con letreros o con alguna señal que diga algo sobre la mujer”, dice Mejía.
El ente encargado de determinar si el homicidio es reconocido como feminicidio o no, es la autoridad judicial, que tienen en su cargo la administración de justicia del país. “En algunos casos nosotros sabemos quién fue el agresor cuando llega el acta de inspección de cadáveres, pero en muchos casos no se sabe quién cometió el homicidio y solamente tiempo después de la investigación se sabe que fue la pareja o la expareja”.
Las investigaciones son la parte compleja de los casos, ya que el homicidio siempre depende del agresor, y recolectar pruebas puede volverse difícil y ocasionar que el proceso demore más de lo esperado. La investigación se divide en dos partes, la primera, donde entra a jugar el papel de la Fiscalía, el ente encargado de investigar a los posibles feminicidas y el lugar de los hechos. La segunda parte está a cargo de Medicina Legal, que se encarga del cadáver; primero se realiza una necropsia médico legal, una exploración interna y externa en la que se recolectan muestras dependiendo del contexto del caso, proceso gracias al que se puede determinar datos relevantes sobre la muerte de la víctima. “Si es un balazo, buscamos donde están los proyectiles, si le dieron drogas. Dependiendo del caso siempre se hace la investigación, realizando una búsqueda exhaustiva de todo”, dice Mejía.
La violencia contra las mujeres no cesa, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, de La Red Feminista Antimilitarista, en el 2018 en la ciudad de Medellín se registraron 40 feminicidios, en el 2019 se registraron 49 feminicidios, en el 2020 se registraron 36 feminicidios, y hasta el mes de marzo de 2021 se han registrado 6 casos de feminicidio. Todos estos de naturaleza diferente, pero la esencia sigue siendo la misma, la discriminación a la mujer, el machismo, la mentalidad de los hombres quienes creen que las mujeres son de su propiedad, porque cuando ellas dependen económicamente de ellos, creen tener el derecho de decidir sobre su vida.
Las mujeres, sin importar su estrato socioeconómico tienen el mismo valor, y gozan de los mismos derechos. Un caso de feminicidio de una mujer estrato uno tiene el mismo valor e importancia que el caso de una mujer de estrato cinco. No existe discriminación en los casos por parte de los entes gubernamentales, sin embargo, la socióloga, Argelia Londoño, comenta que donde menos ocurren este tipo de hechos atroces son en los estratos cuatro, cinco y seis, esto no quiere decir que no se presenten casos de feminicidio en estos estratos, es todo lo contrario, pero son más frecuentes en los estratos socioeconómicos bajos uno, dos y tres, también mujeres vulnerables en situación de calle, migrantes venezolanas, y prostitutas. Esto según los boletines del Observatorio de Violencias Contra la Mujer, y la Red Feminista Antimilitarista.
La autonomía económica es un factor protector de feminicidio, es decir, las mujeres de estrato cuatro, cinco o seis, tienen factores de protección colectivos, uno de ellos, que evita que las mujeres sean víctimas de violencia de género y por ende de feminicidio, es la educación, sobre todo la educación superior, ya que esta garantiza a un cierto grado la autosuficiencia económica y las expone a un ambiente en el que son conocedoras de sus derechos, exigirlos en sus relaciones y hacerlos valer ante la ley. “La menor concentración de feminicidio está en mujeres con niveles de educación altos, a pesar de que no se salvan, son menos”, dice Londoño.
Esto es el feminicidio, miles y miles de mujeres asesinadas alrededor del mundo, y unas cuantas más en el olvido, sin identificar o en la impunidad; un delito en el que las fuentes coinciden está arraigado profundamente a imaginarios culturales y sesgos de género que se manifiestan en desigualdad laboral, de oportunidades económicas, de valor de opinión, de rol en el hogar, de rol en relación de pareja, entre muchas más manifestaciones, hasta llegar a la más infame: el feminicidio. Estos imaginarios requieren una lucha para ser vencidos, necesitan de pequeñas contribuciones cotidianas y grandes aportes estructurales-sociales para ser desfalcados; esta no es una lucha que corresponde solamente a las instituciones del Estado o las entidades que actualmente se concentran en esta labor, sino a todos los ciudadanos del común, hombres y mujeres en pro de este imperativo social.
